Argentine Media Law Thesis

Naomi Martin

25 octubre 2009

Investigación de los Derechos Humanos

La Universidad de Buenos Aires

¿Mordaza Gubernamental

o

Democratización de los Medios?

La Nueva Ley de Medios en la Argentina y su Impacto en

los Derechos Humanos

Llamado por algunos la “Ley de la Democracia,” y por otros la “Ley de Medios K.” La nueva ley de medios en la Argentina, y su poderoso impacto potencial en los derechos humanos, ha incitado a un gran debate en todo el país. Los cuatro derechos esenciales que están en el corazón de la discusión a escala nacional, son fundamentales para la democracia: la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de empresa, y el derecho al acceso de la información.

Aunque hay una amplia variedad de posiciones filosóficas y perspectivas en cuanto a la nueva ley y que significará para la sociedad, con lo que todos están de acuerdo es que la exigencia de estos cuatro derechos humanos es de importancia vital. Como la democracia en la Argentina es tan joven, el sistema está muy lejos de ser perfecto. Sin embargo, el hecho de que los derechos humanos importan a toda la nación significa que las condiciones de la democracia deben mejorar por fin.

Una gran diferencia entre una democracia y un gobierno militar es el equilibrio del poder. En una democracia, el sistema de controles y contrapesos asegura que todas las decisiones necesitan aprobación por la mayoría, para que las voces de la gente se puedan escuchar, y también evita que ninguna entidad democrática tenga demasiado poder. Esta separación del poder está en el epicentro del debate de la nueva ley de medios, ya que aparecen dudas en que va a ser positiva para la mejor división del poder. Como hay todavía un gran temor de regresar a los días del gobierno autoritario (aunque algunos creen que lo son los Kirchner actualmente), el debate por y para los medios se ha convertido en una batalla que se centra en que es lo que va realmente a mejorar la democracia en la Argentina.

Desde el año 1983, Argentina se ha considerado una democracia. Con la transición drástica desde la dictadura militar a la democracia, muchas leyes tuvieron que ser anuladas o por lo menos modificadas. Una ley que quedaba como rastro del “proceso,” era la Ley de Radiodifusión n° 22.285, firmado y promulgado el 15 de septiembre en el año 1980 por Jorge Rafael Videla, dictador en el último “proceso” militar. Solamente el hecho que esta ley se quedó desde la época de la dictadura como una cicatriz fea e imborrable, que regía un ámbito tan crucial en una democracia como son los medios de comunicación, ha sido un fuente de vergüenza para muchos argentinos. Por eso, y muchos otros motivos, la ley 22.285 recién fue anulada el 10 de octubre, 2009 y se convirtió en la nueva ley n° 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En este trabajo, me propongo investigar las preguntas siguientes: ¿Qué significan los cuatro derechos anteriormente mencionados en cuanto al sistema de la comunicación en la Argentina? ¿Cómo se afectarán estos derechos por los cambios que propone la nueva ley? ¿Son los medios un fuente que informa al público, o un vector de propaganda de intereses políticos y económicos? Es decir, en las democracias de hoy donde hay tanta concentración de los grupos mediáticos, ¿es posible que exista la libertad de prensa? Y por fin, ¿Cuánta regulación debe imponer el gobierno?

Concentración de los Medios en la Argentina

En la Argentina actualmente, hay una gran concentración de los medios que perjudica los derechos humanos fundamentales en una democracia de muchas maneras. Hay cuatro grupos empresariales principales, que dominan las industrias infocomunicacionales, y estos son: Grupo Clarín (en prensa escrita, televisión por cable, televisión abierta, radio, y agencias noticiosas, entre muchos otros intereses), Telefónica (en telecomunicaciones y también televisión abierta), Vila-Manzano-De Narváez (en televisión por cable, televisión abierta, y prensa escrita), y Hadad (en prensa escrita, televisión abierta, y radio). Estos grupos empresariales siguen creciendo y son cada vez más poderosos.

En una investigación realizado por los expertos de la Universidad de Buenos Aires, Martín Becerra y Guillermo Mastrini, se halló que en la Argentina, igual que en todo Latinoamérica, la concentración de los medios aumentó drásticamente entre el 2000 y el 2004, y todavía sigue aumentando. Por parte de los cuatro grupos mediáticos principales, el promedio de la concentración del 2004 era el 83% en el caso del dominio de mercado, elevado desde el 78% en el 2000. En el caso de la facturación global de estos cuatro operadores, la tendencia de la concentración es aún mayor: creció del 73% en el 2000 hasta el 84% en el 2004[1]. Estos datos enmarcan el predominio del poder que disfrutan estas pocas manos. Esta concentración enorme de los medios en la Argentina contribuye a un gran desequilibrio del poder que se opone a todo lo que es fundamental en una democracia.

Diagramas del Año 2004[2]

Radio

TV Abierta

TV de pago

Además, Becerra y Mastrini encontró que en los mercados individuales el promedio de concentración del primer operador era del 35% en el 2004. Es decir que un tercio de cada uno de los mercados infocomunicacionales estudiados (compuesto de la prensa, la radio, la televisión en cable, la televisión abierta, las telecomunicaciones, y el Internet), está manejado por un solo grupo empresarial. Esta “existencia de una voz dominante”[3] restringe la diversidad de contenidos y el pluralismo en los medios de comunicación, que deben estar presente en una democracia. También demuestra que en la Argentina rige un sistema de propiedad privada cada vez más concentrado y un “control de medios cada vez más poderosos en pocas manos…[que] otorga a los dueños de esos medios un poder que excede el de la información.”[4] Esta concentración ha sido fruto de distintos factores políticos, económicos, y tecnológicos.

El Problema con la Concentración

El principal peligro de la concentración es “la tendencia de los mercados a configurar regímenes de oligopolio o monopolio; situación que se produce cuando no operan las reglas propias de la fase concurrencial y, en su lugar, unas pocas empresas de gran dimensión ocupan la totalidad del mercado reduciendo las opciones disponibles.”[5] La concentración de los medios se opone a la libertad de empresa, en el hecho que ella permite una gran subordinación de pequeños conjuntos en aras de la predominancia de unas pocas grandes y poderosas empresas. Esta subordinación se retroalimenta en un ciclo que agranda aun más las empresas poderosas y achica al resto. Es decir que las empresas pequeñas o marginales suelen desaparecer en la bancarrota o son absorbidas por los actores más poderosos.

La concentración en pocas manos de cualquier mercado económico empeora la diversidad de opciones para el consumidor, reduce la competencia y de este modo la innovación entre las empresas, y también define limites en cuanto en a que deja a muy pocos actores que pueden acceder a las ganancias en el mercado, creando una situación de desigualdad drástica, con un poder concentrado y poco transparente. Como estos impactos perjudiciales suelen pasar en todos los mercados, esta situación de la concentración se agrava cuando ocurre en la industria de los medios de comunicación, porque quedan afectados los derechos fundamentales.

Los medios son los que forman las noticias diarias que influyen en la sociedad, en diferentes niveles: en las personas, por las conceptos que la población construye sobre la vida cotidiana; culturalmente, por la opinión publica; y de este modo institucionalmente, por los cambios de lo político que es afectado por los dos factores anteriores.

Los famosos 21 puntos hacen hincapié en: “La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.”[6] Por eso, las organizaciones mundiales de los derechos humanos exigen la necesidad de fortalecer y promover el pluralismo de los medios de comunicación.

Los Antecedentes Internacionales

Es posible que el trabajo más influyente en todo el mundo con este enfoque en cuanto al vínculo entre los derechos humanos y el pluralismo de los medios infocomunicacionales es el Informe MacBride[7]. En 1977, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) creó una comisión internacional encargada de armar un informe para analizar y elaborar la vulnerabilidad del derecho a la libertad de expresión como consecuencia de las presiones sociales, económicas y políticas. La UNESCO nombró presidente de la comisión a Sean MacBride, un abogado irlandés quien era ex ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, premio Nobel de la Paz 1974, premio Lenin 1977, y ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En los trabajos de la Comisión colaboraron muchos pensadores conocidos y respetados de todo el mundo: entre ellos, el escritor Gabriel García Márquez, el fundador de Le Monde Diplomatique Hubert Beuve-Méry, y portavoz del gobierno soviético Leónidas Zamiatine. Por tres años, la Comisión trabajaba en un ambiente que, según MacBride, no le “inspiraba el más mínimo optimismo. En los años 70 las discusiones internacionales sobre el problema de la comunicación habían llegado al estadio del enfrentamiento directo.”[8] Las ideologías propuestas por el Informe MacBride discreparon con los intereses de los EEUU; Ronald Reagan el entonces presidente estadounidense retiró a su país bajo protesta en 1984, siguiéndole Inglaterra en 1985.

La razón por la que los EEUU y Inglaterra denunciaron el Informe fue que creían  que las exigencias para la democratización de los medios y más acceso igualitario era una intención para frenar la libertad de prensa. A los EEUU y a Inglaterra, la UNESCO y su Informe MacBride les parecían una tribuna para atacar al “hemisferio occidental,” por el lado de los países comunistas y los del Tercer Mundo. El Informe hizo hincapié en proponer estrictas “medidas de control internacionales para los monopolios, en el entendimiento de que la concentración de medios atenta contra la libertad de información.”[9] También llamó para la “democratización de la comunicación: componente esencial de los derechos humanos”[10], por la instauración de un Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC). Los objetivos del NOMIC eran principalmente: eliminar las desigualdades entre los países desarrollados y el Tercer Mundo; imposibilitar a los monopolios; promover el pluralismo de la información a través la pluralidad de canales y fuentes. La polémica resultada de las propuestas y los objetivos del Informe MacBride y el NOMIC enfatiza el conflicto de intereses que existe tan fuertemente en países democráticos y capitalistas, en cuanto a los medios privados.

Este conflicto de intereses es exactamente en lo que se ha centrado el debate por la nueva ley de medios y la razón por la que, a pesar de que hace veintiséis años que Argentina es una democracia, la ley de la dictadura todavía rige. Hay muchas teorías en cuanto a por qué la ley de 1980 aun no había sido derogada. Como los pocos grupos mediáticos son extremamente poderosos y hacen “lobby,” cada gobierno que sucedió después de Videla se enfrentó con tanta resistencia que nunca se pudo aprobar los proyectos en el Congreso para reemplazar la ley n° 22.285.

Un ejemplo de esto, fue en noviembre de 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem mandó al Senado un proyecto para modificar la ley de radiodifusión, y aunque las sesiones extraordinarias se hicieron, nunca se llegó a debatir el proyecto. No obstante, Menem volvió a intentarlo. En el diciembre de 1997, durante una reunión con los miembros de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas—es decir, los dueños de la prensa) el entonces presidente prometió que una nueva ley de radiodifusión sería aprobada para el año siguiente. A pesar del optimismo del presidente, uno de sus hombres más cercanos, Jorge Yoma, demostró escepticismo: “Se requeriría un acuerdo de los partidos políticos tan trabajoso como una reforma constitucional”[11]. Sus preocupaciones tuvieron razón: el gran poder del “lobby” ejercido por los intereses de unos pocos, la propuesta de una nueva ley de radiodifusión no llegó a salir exitosa.

Relación entre los Medios y el Gobierno en General

En una democracia, la relación entre los medios y el gobierno es de mutua dependencia. Como los medios forman la muy poderosa opinión publica e influyen sobre la mayoría del comportamiento del voto popular, los políticos necesitan que los medios proyecten una buena imagen de ellos. Por esta relación mutua, FOPEA (el Foro de Periodismo Argentino) sugiere, en cuanto a la ley de medios: “Creemos que es complementario con los objetivos de esta ley la aprobación de una norma que regule la forma en que el Estado, en todos sus niveles, asigna la pauta publicitaria oficial.”

Cuando las noticias se venden como un producto, la concentración es amplificada por el crecimiento de la empresa que vende las noticias. Este crecimiento de las empresas mediáticas es logrado por la acumulación de más licencias, recursos, y además “la compra” de otros actores, lo que aumenta sus ganancias. Mucho de este crecimiento es admitido por el gobierno (regulación de prorrogas de licencias, o publicidades gubernamentales), así que es muy importante que los medios mantengan buena relación con el gobierno. Lo que pasa ahora en Argentina es que el gobierno debilita a Clarín, mientras Clarín ataca al gobierno K con su poderoso diario. Como dicen ambos involucrados, ya es una “guerra.”

Problemas con La Ley Vigente 22.285

La ley vigente, la que fue promulgada por Videla, favorece a la concentración de los grupos mediáticos. No están abiertas las posibilidades para cualquier empresa. Primero, exclusivamente empresas con fines de lucro pueden acceder licencias, y para obtenerlas, se exigen requisitos personales basados en aspectos patrimoniales. Este hecho no solamente expone limites en quien puede poseer los medios, sino también asegura que los medios van a reflejar los intereses de las pocas empresas que los manejan y sigue manejándolos.

Bajo la ley vigente, es posible obtener licencias sin limites y, si el gobierno tiene ganas de otorgar prórrogas cada diez años, es posible que el poder pueda permanecer en las mismas pocas manos para siempre. La multiplicidad de servicios abiertos de la ley vigente sirve solamente para aumentar la concentración mediática. Según la ley 22.285, artículo 43: “El PODER EJECUTIVO NACIONAL o el COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION, según corresponda, podrán otorgar hasta VEINTICUATRO (24) licencias para explotar servicios de radiodifusión a una misma persona física o jurídica”[12]. Y para servicios no abiertos, la ley 22.285 permite licencias infinitas. Además, las prórrogas disponibles se quedan por muchos años a la disposición del Estado: Según artículo 41, “Las licencias se adjudicarán por un plazo de QUINCE (15) años contados desde la fecha de iniciación de las emisiones regulares. En el caso de estaciones de radiodifusión ubicadas en áreas de frontera o de fomento, el Poder Ejecutivo Nacional podrá adjudicarlas por un plazo de VEINTE (20) años.”

Relación entre el Gobierno y Los Medios Bajo la Ley 22.285

El hecho de que las licencias para los medios deben ser otorgadas por el poder ejecutivo nacional o el COMFER (que todavía es dirigido por el poder ejecutivo nacional) enfatiza el control gubernamental sobre los medios infocomunicacionales. Por su parte, los medios tienen el poder de “supervisar” al gobierno si se entera de un escándalo o acción corruptiva. Por eso, para el gobierno y las empresas de los medios, era crucial, para proteger sus propios intereses políticos y financiero, que mantuvieran una relación de intercambio. Según el comentador político, Sergio Ciernan, los Kirchner han entrado en un juego de premios y castigos que ya se viene jugando desde la dictadura: “Primero, Clarín apoya a un gobierno, recibiendo concesiones económicas, y licencias como resultado, pero cuando el viento político cambia y el gobierno empieza a perder apoyo, Clarín promueve a la oposición, lo que ha sido muy lucrativo para ellos.”[13]

Un estudio conducido por Rafael Di Tella e Ignacio Franceschelli de Harvard University investigó la correlación entre el dinero gastado por el gobierno argentino en las publicidades de los cuatro principales diarios y la cobertura de escándalos de corrupción en el gobierno. El estudió concluyó que había una importante correlación negativa. Es decir, por cada desviación estándar de la publicidad oficial mensual (0.26 millones de pesos), causó una reducción de la cobertura de corrupción estimada en la mitad de la portada de un diario, en otras palabras, la disminución encontrada fue de 37%.[14]

Figura 1: Publicidad Oficial en los Principales Diarios

Figura 2: Denuncias de Corrupción (en la portada) por los Principales Diarios

Estas figuras y conclusiones del estudio de Di Tella y Franceschelli hacen hincapié en la relación histórica del intercambio entre los medios privados y el gobierno. A pesar de la correlación negativa encontrada, entre el tamaño de la pauta oficial y la apariencia de corrupción, había menos impacto en los diarios más grandes, es decir, en primer lugar Clarín y en segundo lugar La Nación. Todavía había una correlación negativa importante, sin embargo, más dinero oficial no necesariamente significó cada vez menos denuncias de corrupción en el caso de Clarín. Este hecho de que Clarín era la empresa más grande y la más independiente, en los términos de este estudio, puede ser un argumento a favor del sistema de medios privados.

Por otra parte, hay apoyo para este modo de regular a los medios con premios y castigos monetarios: El diario Aluvión Popular, publicado por el Cooperativa Badajo Editorial, lamenta, “En la actualidad, estos grupos [mediáticos] cuentan con una espalda financiera que dificulta condicionarlos como lo hacía Don José.”[15] Lo que refiere es la reprensión que ocurrió cuando el Ministro de Economía de Perón, Don José Gelbard, decidió dejar a Clarín sin publicidad oficial después de que el diario publicara duras críticas al gobierno de Isabel. Mi pregunta, entonces, es ¿Queremos seguir “condicionando” a los medios con dinero del gobierno? Después de ver la gran correlación negativa del dinero estatal y el contenido de las noticias, que todavía impacta la prensa diaria, ¿Es verdadera la libertad de expresión?

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) asegura que, “Con diarios empobrecidos se dificulta la libertad de prensa y con aquellos enriquecidos por el favor oficial, la libertad de prensa directamente desaparece.”[16]

La Ley 22.825 facilita la corrupción del gobierno

Un argumento muy fuerte para cambiar la ley vigente de la Radiodifusión es que los gobiernos argentinos del pasado la han usado y manipulado para ayudar a sus propios amigos e intereses políticos. Bajo la ley 22.285, se han posibilitado “las sucesivas enmiendas de todos los presidentes desde Alfonsín en adelante, incluyendo al binomio Kirchner y que sólo sirvieron para favorecer los intereses de empresarios amigos del poder de turno…”[17]. Aunque es el kirchnerismo ahora que lucha para reemplazar la ley 22.285, antes había manipulado el sistema actual para ayudar a sus intereses políticos, los cuales algunos opinan son los motivos para efectuar la nueva ley también.

Después de perder las elecciones el 28 de junio de 2009, “los Kirchner echaron la culpa de la derrota a la cobertura realizada de los medios, en particular la del Grupo Clarín.”[18]

Además, a pesar del argumento central para cambiar la ley vigente por estar originada durante el proceso militar, esta ley de comunicación no es la única que todavía rige desde la dictadura: “Para no agregar a la lista del debe a las decenas de infames leyes de la dictadura de las que este gobierno que hace seis años tiene mayoría parlamentaria sólo se acuerda cuando le conviene: el código aduanero, el código electoral…”[19] También es muy sospechoso que fue el kirchnerismo que sancionó la “ley Duhalde,” salvando a Clarín de la bancarrota y otorgándole una prórroga de diez años más. Muchos argumentan que fue nuevamente por motivos políticos, cuando la fusión de Cablevisión y Multicanal (que resultó en una gran ganancia para el Grupo Clarín, que se convirtió en un casi monopolio con el control de más del 44% del mercado en el ámbito de la televisión paga[20]) fue otorgado unas semanas después del cierre de la campaña kirchnerista que permitió a Cristina Kirchner a obtener el 46% de los votos.

Además, la concentración de los medios infocomunicacionales es una ventaja para un gobierno autoritario que quiere controlarlos: las alianzas entre los medios y el gobierno, como la alianza reconocido ejemplar entre Clarín y Videla, son una manera “de facto” para manejar la opinión publica (ver la fotografía abajo).

Foto[21]

La Nueva Ley 26.522

Después de un debate que duró más de veinte horas sin interrupciones en el Senado, la ley n° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) fue sancionado el 10 de octubre, por un sorprendentemente amplio margen de 44 votos a favor, y 24 en contra. Mientras los que están a favor celebran la aprobación de la “ley de la democracia” y ya creen que la libertad de prensa y expresión va a mejorar, los que están en contra de la nueva ley, temen que la sanción de la misma marque el comienzo de una era de censura, por parte del gobierno K.

La nueva ley va a cambiar la manera en que funcionan las operaciones de los campos audiovisuales; es decir la televisión (abierta, paga, y digitalizada) y la radio (AM y FM). En lugar de sólo regularse los servicios abiertos de radio y TV como la ley 22.285, la ley SCA incluirá todos los servicios, abiertos y privados. Según el oficialismo, “el libre acceso a las nuevas tecnologías permitirá el establecimiento de garantías destinadas a proteger el pluralismo y la diversidad de todas las producciones audiovisuales.”[22]

Otro tema importante es el de los licenciatarios. La ley SCA va a dividir el espectro audiovisual en tercios: el 33% para los medios privados, el 33% para el Estado (y no para el gobierno), y el 33% para las organizaciones sin fines de lucro, como ONGs, universidades, fundaciones, asociaciones, cooperativos, etc. Los principales objetivos de estas tres sectores son impedir la formación de los monopolios, y darles una voz a los que antes nunca la habían tenido durante la ley anterior.

Cada dueño de servicios abiertos sólo podrán tener no más de diez licencias. Las  licencias en sistemas por suscripción estarán limitadas en número y en cuotas. Las licencias durarán por diez años y se podrán prorrogar por diez años más, según la aprobación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual será conformada por, según artículo 14: “(1) presidente y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres (3) directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno (1) a la mayoría o primer minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercer minoría parlamentarias; dos (2) directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales.”[23]

Según artículo 65, a los contenidos de los servicios privados y no estatales se les aplicarán por porcentajes específicos (de contenidos nacionales, producción nacional, contenido local, y producción local) explícitamente descriptos y definidos en la ley. Por ejemplo, como mínimo el 30% de la música emitida deberá nacional, se trate de autores e intérpretes nacionales.

Libertad de Expresión

Por parte del oficialismo, la libertad de expresión y el derecho a la información se dice observar de acuerdo con el reconocido internacionalmente artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”[24]

Aunque el kirchnerismo afirma que, bajo la nueva ley SCA,  se va a adherir este artículo, la oposición teme que la libertad de expresión vaya a restringirse, ya que esta ley otorga demasiado poder al Estado. Es posible, (opina la oposición expresada en otros medios del mundo como el BBC, CNN, y HuffingtonPost), que se vaya a reemplazar al oligopolio de los medios con un monopolio estatal. Una gran preocupación sobre la concentración de poderes en el Ejecutivo se refleja por parte de algunas organizaciones internacionales, que luchan por la libertad de expresión. La IAPA (Inter-American Press Association) postula que la Presidenta Kirchner no deberá tener el poder de controlar los contenidos mediáticos. De este modo, la CPJ (Commitee to Protect Journalists) sostiene que la libertad de expresión estaría restringida por la autoridad presidencial al nombrar la mayoría del conjunto regulador de las emisiones. FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, publicó su posición en cuanto a la nueva ley, y propuso “que la autoridad regulatoria sea un organismo técnico independiente y autárquico del Estado y autónomo de los partidos políticos, que se encuentre sometido a las garantías del debido proceso y al control judicial.”[25]

En realidad, la autoridad regulatoria propuesta por FOPEA no ocurrirá así debajo la nueva ley porque en la Autoridad de Aplicación de siete miembros, dos serán del Poder Ejecutivo Nacional, tres miembros del Parlamento (de los cuales uno será del oficialismo por ser la mayoría), y dos miembros por el Consejo Federal (de los cuales es probable que uno o dos serán del oficialismo, considerando la mayoría que tiene el oficialismo en el Consejo que es 24 de los 38 miembros). Esta concentración del poder en el oficialismo enfatiza el temor que el gobierno va a tener demasiado control, lo que preocupa a la oposición y a las organizaciones anteriormente mencionadas.

Además, este poder amplificado del gobierno va a impactar más a los que solamente alcancen las señales abiertas. Según artículo 28, “las licencias para servicios de radiodifusión abierta cuya área primaria de servicio supere los 50 kilómetros, serán adjudicadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL”[26]. Argumenta el diputado por la Coalición Cívica, Federico Iglesias, que “todas las emisoras de radio y TV serán adjudicadas sin más por el Gobierno, cualquier gobierno, y que el 40% de ciudadanos pobres que tiene la Argentina, y que no pueden pagar el cable, se informarán únicamente en las emisoras que el Poder Ejecutivo autorice.”[27]

Aparece así un tema central en la cuestión de la libertad de expresión: la de los contenidos. Aunque muchos quieren que grupos, como ONG o pueblos originarios, que no tuvieron una voz bajo la Ley de la Radiodifusión anterior, tengan una voz ahora, todavía hay dudas de que el Estado no se inmiscuya controlando los contenidos que estas emitan. En una entrevista personal con Miguel Wiñazki, periodista y director de la maestría de Clarín, él dijo, “Esta ley genera un control autoritario sobre los contenidos. Es decir que lo que se trasmite por los medios audiovisuales tiene que ser controlado por autoridades del gobierno. ¿Por qué, en la era del Internet cuando alguien puede mirar lo que quiere, por qué deberían controlar los contenidos? Es muy grave. Yo no creo en ningún control de contenido de medios.” Puede ser muy peligroso si el gobierno, se trate de cualquier gobierno, tiene el poder de controlar los contenidos de los medios. Esto, sin embargo, es discutible.

Democratización de los Medios

El apoyo para la nueva ley SCA está centralizada en la exigencia de que los medios tengan que ser democratizados. Con respeto a esto, en una entrevista con Laura Rierra, del Ministerio de Educación de la nación, ella dijo, “Nos parece que es una ley que democratiza la comunicación y nos parece fundamental…Era necesario cambiar la ley que se hizo durante la dictadura. Necesitamos una ley de la democracia, una ley que democratice las voces de la gente en los medios.”

“Democratización” significa, en gran parte, darle una voz a quienes no la tienen. Como los pueblos originarios de la Argentina no tienen ahora una voz con mucha presencia en los medios, para ellos esta ley SCA es un gran paso hacia delante. Matias Merichan, de pueblo Mapuche en Neuquén y portavoz del Encuentro Nacional de Organizaciones de los Pueblos Originarios, contó en una entrevista, “Los pueblos originarios de argentina hemos trabajado por la propuesta de la comunicación con identidad. Y ha sido incluido a través un capítulo que está en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que contempla el derecho a una comunicación de los pueblos originarios, permitiendo el acceso a la radio y los canales de la televisión.”

De este modo, Darío Gordillio de la Cámara Cooperativa de Telecomunicaciones, habló a favor de la nueva ley en que incluye más voces que contribuyan a la pluralidad: “…nada garantiza más la libertad de expresión que la pluralidad de los medios. Es erróneo creer que el carácter privado de los medios de comunicación garantiza la libertad de expresión.”

Libertad de Empresa

Hay muchos argumentos en contra de la nueva ley porque dicen que las restricciones propuestas en la multiplicidad de las licencias y el hecho que se hará efectiva en un año, violan la libertad de empresa. Los medios privados que poseen más de diez licencias se obligan a venderlas para que superen dicha cantidad.

ADEPA postula que, “La iniciativa oficial parece desentenderse de la sustentabilidad de los medios, haciéndolos más vulnerables y por consiguiente más dependientes de los recursos del Estado o de negocios advenedizos.” Además, la oposición le preocupa que forzar a Clarín y los otros grupos multi-mediáticos a vender sus propiedades de prisa posibilitará que inversores con vínculos a los Kirchner puedan comprarlas a un precio bajo.

Otro lado del problema respecto a la libertad de empresa es  “la prohibición de esta nueva ley que una distribuidora de cable tenga un canal abierto, que tenga más de una señal de cable y que esta señal no debe ser local. Le obliga a vender el resto de los señales. Esto es insólito. No existe antecedentes de algo así. Es como obligarle a Ford a fabricar un sólo modelo de auto.”[28] A pesar de que el razonamiento de Wiñazki es válido, como él trabaja para Clarín, hay que tomar en cuenta sus intereses que representa a un tipo de intereses.

Conclusiones

Es muy clara la necesidad de promulgar una nueva ley.

Las condiciones actuales del sistema de los medios en Argentina se encuentran en completo desequilibro. La concentración de los medios perjudica gravemente la libertad de expresión, y el derecho al libre acceso a información. El hecho de que el 84% de los medios pertenecen a cuatro dueños, y que estos dueños poseen los principales medios de los diferentes ámbitos, es escandaloso y anti-democrático. Las voces de todos, y no solamente las de la mayor capital económico, deben ser escuchadas.

Esta nueva ley va a mejorar el estado de la democracia y los medios, por su calidad de anti-monopólica y porque posibilita promover el pluralismo y la diversidad de los medios. Sin embargo, la nueva ley SCA está lejos de ser perfecto. Otorga demasiado poder al gobierno de turno. No existe un equilibrio perfecto entre el gobierno y los medios de comunicación en ningún país; no obstante, debe haber más presencia de representativos de varios partidos políticos que no solo los del oficialismo, en la regulación de los medios. Debería haber más “controles y contrapesos” en juego para asegurar que el poder ejecutivo nacional no controle a los medios privados y los del tercer sector.

Sin embargo, la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un paso hacia adelante para la Argentina. Tal vez, y ojalá que un día sea la realidad de la política argentina se encuentre lejos de esta afirmación polémica pero que todavía posee considerable verdad: “Nadie puede gobernar la Argentina sin el apoyo de Clarín.”[29]